domingo, 3 de mayo de 2009

LA RIVALIDAD SOCIALIZADORA


Cuando he leído el libro “la tabla rasa” de Steven Pinker y observo la hipótesis que sustenta el autor al recalcar los trabajos y conclusiones de Harris, J.R. admitiendo que los humanos nos “educamos”, no por la acción de los instructores, sino por la interacción de los individuos con sus iguales, se fundamenta que serán éstos los que en esa “rivalidad socializadora” provoquen la emergencia y crecimiento de sus capacidades. Estas competencias, positivas o negativas, según la catalogación social “paterna” no debieran interferir en la regulación del comportamiento y sí, las experiencias del individuo en el grupo.

Hablando de este modo me recuerdo los términos y reglas que se usan en la “economía de mercado”: los que quieren que el estado no intervenga, y éste se regule por sus reglas de oferta y demanda (necesidades y satisfacción de éstas, Maslow) y aquellos que creen que el Estado (quien dice el Estado o la Iglesia) debe regular y mediar en las transacciones de los individuos. Sin caer en el economicismo, vengo a aceptar el acuerdo de que la integración es un paso en la socialización de los ciudadanos, de unos y otros, de los integrados y de los integradores, y que para aquellos que no se ajustan a la normalidad de nuestras vidas, la interacción con los normales es una herramienta adecuada y favorecedora en una proporción suficiente, para regular la convivencia.

El aprendizaje observacional es una herramienta positiva siempre que las contingencias equilibren las capacidades y habilidades de los socios del grupo. Por esta razón defiendo como una herramienta de socialización posible, las interacciones e interferencias de ciudadanos normales con necesitados por alguna índole, en un clima de solidaridad. El grado de interacción e interferencia debe quedar siempre controlado para que no se agüen los derechos de los intervinientes.

Ahora que en los Centros andamos con el proceso de la escolarización, de la incorporación de ciudadanos al Sistema, toco este asunto al comprobar que la proporción establecida de 3 en 25, dicho de un modo más claro, la oferta establece tres acnee en cada grupo de alumnos. Este 3 en 25, se convierte en el 12 %, y considerando que los propios “normales” ya de por sí también plantean ciertas necesidades educativas especiales, se genera un aumento desproporcionado de “complejidad”.
La demandada reducción de ratio de los grupos de alumnos, precisamente se ha reclamado para poder garantizar un gobierno más cercano y próximo, donde las pautas de cohesión e interacción junto con los medios de compensación hagan realidad esos principios que de siempre deseamos: elevar el nivel de rendimiento y así la satisfacción y la excelencia del producto escolar.
El nivel de exigencia de los padres es cada vez mas “imperativo” (este será otro tema para comentar la existencia de un “juicio popular” más que al sistema educativo a la profesión concreta del magisterio) y éste crea una tensión, que en un clima de diálogo, es equilibrado, pero en cuanto que se mueven por los tópicos publicitarios, favorecido, a veces, por la propia administración política, surge una crispación de la consiguiente insatisfacción, si no frustración.

De aquí que como resultado de este planteamiento venga a reclamar, no la necesaria integración de … pero sí moderar su nº, precisamente para garantizar lo positivo, sin descafeinar o como se expresa, “aguar el vino”.
Nuestras aulas están llenas de “diversos” que han de ser aglutinados, esta dispersión, precisa de referentes y de “estrellas” que canalicen las fluencias de las interacciones, la labor potenciadora deberá ejercerla el docente, que ha de contar con una preparación acorde y garante.
Nuestro sistema se encuentra en el istmo de dos mares: el proceloso mar de la conciliación de la vida laboral de las familias a costa de los centros educativos y el océano de la cualificación mediante el estudio… es muy meritoria esta realidad ante los embates, pero claro, a un precio, los niveles de exigencias son cada vez más endebles, no pidamos luego lumbreras.
Habiendo consultado el informe de la OCDE-2.007, el famoso P.I.S.A. en el número 1 (08-10-07) del Boletín Informativo del Sector de Enseñanza de CSI-CSIF, en su artículo: “El informe vuelve a …” así como el número 639 de COMUNIDAD ESCOLAR, de 15-09-1.999 (observen los 8 años de distancia) aparecen una serie de datos, de los que en este momento huyo para no enmarañar el pensamiento, pero reiteraré la demanda de reducir la ratio a 20, y no integrar a más de 2 como máximo, uno sería lo ideal.

Al reducir el número de miembros del grupo, consecuentemente aumentamos el número de grupos, así disponemos de más posibilidades “soportes” donde integrar sin “cargar”. 20 alumnos siguen siendo un buen número para soportarlo Hacienda y aligera un tanto las Tutorías, propiciando un trato más individualizado e intenso a los alumnos.

El actual planteamiento, que integra hasta 3, supone un sobrecargo, precisamente en los grupos que lo integran, ya que no demandan tantos requerimientos ni atenciones el grupo que no acoge a tres acnee, que el que sí los integra. El que se integren hasta 3 genera ciertas “turbulencias” que levanta incomodidad. Y 175 (o 180) jornadas pueden “agotar” la profesionalidad de cualquiera si no contase con los recursos necesarios (las ayudas no suelen ser tan cuantiosas como se anuncian).





Apéndice:

La integración no es el todo vale. Las medidas integradoras no pueden ser usadas para hacerlas segundas puertas de acceso, por donde eludir las medidas establecidas para toda la sociedad. Ningún profesional está exento de su responsabilidad; la subsidiaridad es un derecho que se ha de ejercer con todas las garantías procedimentales, sin “caridad” ni parcialidad.
En la inserción laboral, las medidas sociales toman la “compensación” de ofertar un número de plazas para que personas con un determinado grado de minusvalía, puedan disponer de un puesto laboral acorde e idóneo al nivel de exigencia, en equilibrio con el de competencia. Nadie se puede permitir la osadía de colocar a una persona inepta en un puesto de responsabilidad, porque quedaríamos abocados al riesgo y al fracaso.
En las garantías constitucionales del derecho de las personas al trabajo, al desarrollo personal, a la autoestima y a su dignidad, al reconocimiento de su valía y mérito… no se pueden poner en juego la salvaguarda de los derechos de los demás ciudadanos. En este proceso nadie tiene que salir perjudicado, ni tampoco injustamente agraciado.

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